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Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo Se abrirá en una ventana nueva. , por el que se establece el ingreso mínimo vital.

 

 

La aprobación del Ingreso Mínimo vital supone el mayor avance en los derechos sociales en nuestro país desde, al menos, la aprobación de la Ley de Dependencia. Esta medida es una victoria de la gente. Pero no solo constituye un avance clave nacional, sino que hace de España un referente en materia de justicia social.

El Ingreso Mínimo Vital debe considerarse un nuevo derecho ciudadano que asegura una red última de seguridad para todos y todas. Esta medida garantizará que todos y todas las ciudadanas de nuestro país cuenten con un mínimo de ingresos que les permita vivir dignamente. Por ello no es una prestación con duración excepcional, sino, todo lo contrario, tendrá un carácter indefinido.

Pese a la importancia que asignó la administración a este proyecto, el reconocimiento de esta prestación no está resultando ser eficaz.

La alarma en la lentitud del reconocimiento de esta prestación ha saltado a las primeras páginas de los periódicos. 

 Los agentes que intervienen son:

CIUDADANO - INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL- AGENCIA TRIBUTARIA- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO- AYUNTAMIENTOS.

Propuesta:

Dado que es un colectivo muy sensible y con falta de recursos de todo tipo, el ciudadano debería aporta únicamente la solicitud, ya que la documentación la pueden obtener las administraciones públicas con cruces efectivos de datos.

Asimismo, se hace una propuesta para abrir otros canales para presentar las solicitudes, que no sean exclusivamente por medios telemáticos. Se podrían abrir centros de solicitud en espacios públicos municipales como bibliotecas, centros cívicos…

Dado que la solicitud la debe de hacer la persona interesada. Sería conveniente abrir un buzón de denuncias, en el que los ciudadanos pudieran facilitar los datos de personas que saben están en riesgo de exclusión, con el fin de que la administración pudiera asignar la prestación de oficio. 

Conclusión 

      Es preciso hacer un esfuerzo extra por parte de la administración, en relación a las personas mas vulnerables.  Las mayores dificultades en el proyecto se encuentran en  que están implicadas la administración Estatal, la Autonómica y la Local.    

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